Feminicidio

En el caso, el concepto de feminicidio formó parte de los alegatos presentados a la Corte. La Comisión no calificó los hechos con dicho término, pero en el escrito de las organizaciones representantes, en cuatro de los peritajes (los presentados por Julia Monárrez, Servando Pineda Jaimes, Marcela Lagarde y de los Ríos y Clara Jusidman Rapport), en las pruebas presentadas a través de informes nacionales producidos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de las organizaciones civiles, así como en diversos documentos de amicus curiae, sí se califican los hechos del caso como feminicidio.

El Estado utilizó el término feminicidio durante la audiencia pública para referirse al “fenómeno que prevalece en Juárez” y lo definió en varios de sus informes oficiales presentados como prueba. A pesar de ello, en las observaciones a los peritajes presentados por las organizaciones representantes, objetó el hecho de que se pretendiera incluir el término feminicidio. El Estado alegó que dicho término se quería incluir como un tipo penal cuando no existía en la legislación nacional ni interamericana de derechos humanos. Ante esto, la Corte observó que en la legislación mexicana, la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, define en su artículo 21 la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

La Corte decide, para el caso de esta sentencia, utilizar la expresión “homicidio de mujer por razones de género”, también conocido como feminicidio. Reconoce que algunos o muchos de los casos de Ciudad Juárez pueden haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer. No obstante, decide nombrarlos como homicidios de mujeres pues considera que, teniendo en cuenta las pruebas presentadas y su argumentación, no es necesario ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad Juárez constituyen homicidios de mujeres por razones de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas del caso.

Para el análisis es fundamental tomar en cuenta qué conceptos se ponen a debate y cómo consolidar su utilidad para la interpretación de los hechos que puedan constituir violaciones a derechos humanos. Aquí no sólo es el caso del concepto de feminicidio o el de violencia feminicida, también lo son el del concepto de misoginia y de sexismo, entre otros.