México no es culpable de asesinar a las víctimas del caso

Femicidio: más allá de la violación del derecho a la vida. Análisis de los derechos violados y las responsabilidades estatales en los casos de femicidio de Ciudad Juárez. IIDH 2008

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Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación. CIDH 2003

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Archivos: 

Informe de la Relatora, Sra. Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Y presentado en cumplimiento de la resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos, 25 noviembre 1999

Declaración 1. México no es culpable de asesinar a las víctimas del caso

Texto original: 

“No puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los derechos sustantivos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivadas del incumplimiento de la obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la misma, de conformidad con los párrafos 238 a 242 de esta Sentencia.”

Texto de análisis: 

La Comisión y las organizaciones representantes alegaron que los elementos del caso –en particular en torno a Laura Berenice- abrían la posibilidad de que en los hechos haya existido participación de agentes estatales, lo que implicaría una clara violación a la obligación de respeto. A pesar de no contar con pruebas directas -en gran medida debido a la impunidad en torno al caso y a circunstancias que el propio Estado no aclara-, las organizaciones representantes plantearon dos hipótesis en cuanto a los autores materiales de la desaparición, tortura y asesinato de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette: a) los autores eran agentes de la autoridad o, b) eran particulares organizados protegidos desde el Estado.

El Estado negó que hubiera responsabilidad del Estado en los homicidios de las víctimas y aseguró que habían sido cometidos por particulares. La Corte, por su parte, resolvió que el hecho de que la impunidad en el presente caso impida conocer si los perpetradores son agentes estatales o particulares actuando con su apoyo y tolerancia, no permite presumir que sí lo fueron y condenar automáticamente al Estado por el incumplimiento del deber del respeto.

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