Los derechos violados en el caso

Declaración 8. México no es culpable de violar el derecho a la honra y la dignidad

Texto original: 

“El Estado no violó el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana, en los términos de los párrafos 441 a 445 de la presente Sentencia.”

Texto de análisis: 

El derecho al respeto al honor de toda persona prohíbe cualquier ataque ilegal contra la honra y la reputación, e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. La honra se relaciona con la estima y valía propia, a diferencia de la reputación que refiere a la opinión que otros tienen de una persona.

Las organizaciones representantes alegaron que se había violado este derecho en relación con las víctimas y sus familiares, al fomentar una actitud de desprecio por parte de las autoridades hacia las víctimas mediante preguntas y observaciones prejuiciosas a ciertos familiares al momento de sus denuncias, así como al realizar declaraciones públicas ofensivas y al estigmatizar y ridiculizar la acción que llevaban a cabo las madres en reclamo de justicia.

El Estado alegó que no existían elementos que probaran esas acusaciones en agravio de los familiares.

Analizando los alegatos y las pruebas, la Corte observó que la violación de este derecho en perjuicio de las víctimas y sus madres se refieren a hechos concernientes al trato que sufrieron como consecuencia de la búsqueda de las jóvenes desaparecidas y el posterior reclamo de justicia, por lo que considera que ya se había pronunciado al respecto en relación al derecho a la integridad y por tanto no consideró procedente hacerlo respecto de este derecho.

Eventos

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Declaración 1. México no es culpable de asesinar a las víctimas del caso

Texto original: 

“No puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los derechos sustantivos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivadas del incumplimiento de la obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la misma, de conformidad con los párrafos 238 a 242 de esta Sentencia.”

Texto de análisis: 

La Comisión y las organizaciones representantes alegaron que los elementos del caso –en particular en torno a Laura Berenice- abrían la posibilidad de que en los hechos haya existido participación de agentes estatales, lo que implicaría una clara violación a la obligación de respeto. A pesar de no contar con pruebas directas -en gran medida debido a la impunidad en torno al caso y a circunstancias que el propio Estado no aclara-, las organizaciones representantes plantearon dos hipótesis en cuanto a los autores materiales de la desaparición, tortura y asesinato de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette: a) los autores eran agentes de la autoridad o, b) eran particulares organizados protegidos desde el Estado.

El Estado negó que hubiera responsabilidad del Estado en los homicidios de las víctimas y aseguró que habían sido cometidos por particulares. La Corte, por su parte, resolvió que el hecho de que la impunidad en el presente caso impida conocer si los perpetradores son agentes estatales o particulares actuando con su apoyo y tolerancia, no permite presumir que sí lo fueron y condenar automáticamente al Estado por el incumplimiento del deber del respeto.

Eventos

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Declaración 2. México culpable por no garantizar la vida, integridad y libertad de las víctimas del caso

Texto original: 

“El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, en los términos de los párrafos 243 a 286 de la presente Sentencia.”

Texto de análisis: 

Para llegar a la conclusión de que México sí tiene responsabilidad internacional por haber violado el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal bajo su deber de garantía de prevención, la Corte analizó los hechos dividiéndolos en dos momentos claves. El primero, antes de la desaparición de las víctimas y el segundo, antes de la localización de sus cuerpos sin vida. En el primer momento, la Corte considera que el Estado es responsable por incumplir con su deber general de prevención, porque por lo menos desde la década de 1990 –tomando el reconocimiento oficial a través de la CNDH que, en su recomendación de 1998, advirtió del patrón de violencia contra las mujeres- el Estado mexicano mantuvo una ausencia de política general de prevención. No encuentra que México sea responsable, en este primer momento, de la prevención de las violaciones cometidas contra las tres víctimas del caso, puesto que no se estableció que el Estado tuviera conocimiento de un riesgo real e inmediato específico para las tres mujeres jóvenes de este caso.   En cuanto al segundo momento, antes del hallazgo de los cuerpos sin vida, la Corte considera que el Estado sí tiene responsabilidad internacional respecto del deber de garantía a través de la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, puesto que sí tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las tres víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas. De hecho, considera que este incumplimiento es particularmente serio, debido al contexto conocido por el Estado en el que las mujeres estaban en una situación especial de vulnerabilidad y por las obligaciones reforzadas impuestas en casos de violencia contra la mujer a través de la Convención Belém do Pará. El incumplimiento incluye varias acciones y omisiones de México:

  • no realizó una búsqueda exhaustiva durante las primeras horas y días a partir de que se presentó la denuncia de desaparición;
  • las autoridades policiales, fiscales y judiciales no actuaron de manera pronta e inmediata ordenando las medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde pudieran encontrarse privadas de libertad;
  • no existían procedimientos adecuados para las denuncias y para que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas, bajo la presunción por las autoridades de que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido;
  • el Estado mexicano se limitó a realizar formalidades y a tomar declaraciones que, aunque importantes, perdieron su valor una vez que éstas no repercutieron en acciones de búsqueda específicas;
  • los funcionarios tomaron actitudes hacia los familiares de las víctimas que daban a entender que las denuncias de desaparición no debían ser tratadas con urgencia e inmediatez;
  • luego de la presentación de las denuncias de desaparición se dieron demoras injustificadas;
  • no actuó con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente las muertes y agresiones sufridas por las víctimas y no actuó como razonablemente era de esperarse de acuerdo a las circunstancias del caso para poner fin a su privación de la libertad.

Requerimientos: 

Respecto de la obligación de adoptar normas e implementar medidas necesarias, a pesar de que México alegó haber creado un marco legislativo y algunas instituciones especializadas, la Corte considera que por más que fueran necesarias esas acciones y demuestren un compromiso estatal, fueron insuficientes e inefectivas para prevenir las graves manifestaciones de la violencia contra la mujer, y en particular para el caso de las tres víctimas, las acciones alegadas no permitieron a las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición, ni prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer. Tampoco han sido eficaces para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato.

En esta declaración es importante para el desarrollo del debate, leer el voto concurrente del Juez Diego García-Sayán sobre la debida diligencia en las medidas de prevención, y el de la Jueza Cecilia Medina Quiroga, que profundiza en dos debates centrales respecto de la violencia contra las mujeres: el reconocimiento de diversos actos de violencia sexual contra las mujeres como actos de tortura, y la responsabilidad de los Estados por actos de tortura cometidos por agentes no estatales.

Eventos
25 Feb 2011

La ONU-DH condena enérgicamente la violencia homicida en contra de la familia Reyes en Chihuahua

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena enérgicamente el asesinato de Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de Luisa Órnelas Soto, esposa de Elías, cuyos cuerpos fueron encontrados esta mañana en las inmediaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

6 Sep 2010

Informe CEF de la Cámara de Diputados sobre el Cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero

in

El reporte de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades competentes en Relación los Feminicidios Registrados en México (CEF) de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados presenta las conclusiones de las reuniones a las cuáles convocó, entre el 21 de junio y el 7 de julio del 2010 a funcionarios y funcionarias de la SEGOB, la PGR, el INMUJERES, la CNDH y la PJCH así como al Pdte. Municipal de Cd Juárez que analizó junto con  el informe enviado por los familiares y las organizaciones que les representan. El reporte presenta información derivada de estas reunione sobre el cumplimiento de los resolutivos de la sentencia. Los del plazo establecido para cumplirse antes del de 10 de junio del 2010 y los que deben cumplirse antes del 10 de diciembre del mismo año.

El informe resalta en sus conclusiones:

 

  • No hay evidencia suficiente para afirmar que se están cumpliendo los resolutivos de la Sentencia.
  • Las autoridades responsables afirman que los obstáculos de cumplimiento se derivan del conflicto de ámbitos de competencia de los tres niveles, a pesar de que el art. 28 de la CADH establece que cuande se trate de un Edo. federal le corresponde al gobierno nacional cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de la Convención, sin que sea posible argumentar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones.
  • Constata la ausencia del INMUJERES, organismo rector en materia de género del país, y de las instituciones del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para dearrollar acuerdos y acciones. En especial resalta la omisión de reportar sobre la resolución que indica el brindar cursos permanentes a funcionarios y funcionarias públicas.

 

Ante la aseveración recurrente de la necesidad de contar con un mecanimos jurídico ad hoc para resolver tema de competnencias entre ámbtios de gobierno la Comisión Especial reitera que la ausencia de un marco jurídico, tal como lo establecen las autoridades referidas, no exime del cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero y trabajará en la difusión, compromiso y adopción en todo el país de la sentencia. También establece que trabajará en propuestas jurídicas relativas a lograr el cabal cumplimiento de las resoluciones en contra del Edo mexicano y para establecer las sanciones correspondientes a las autoridades en caso de incumplimiento. 

30 Jul 2010

La Secretaría de Gobernación simula el cumplimiento de la Sentencia de “Campo Algodonero”

Difusión Cencos México D.F., 30 de julio de 2010

Boletín de prensa. ANAD / Cedimac / Red Ciudadana de NO Violencia y Dignidad Humana

El día 28 de julio del presente año, la Segob publicó un comunicado de prensa titulado “SEGOB da cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Al respecto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia y la Red Ciudadana por la No Violencia y la Dignidad Humana, organización que representa a las víctimas, informa lo siguiente:

1. La información proporcionada por la SEGOB pone de manifiesto la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia de “Campo Algodonero”.  Informa en su comunicado una serie de reuniones que ha celebrado, en las cuales no se han dado respuesta a dos de los resolutivos de cumplimiento inmediato y de prioridad primaria:

- La investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de las jóvenes Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González; la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas contra las familiares de las víctimas; y la investigación y sanción a los servidores públicos que permitieron la impunidad en los casos.

- La prestación de  los servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos a las víctimas de manera integral en los términos señalados por la propia Sentencia.

 2. En cuanto a los resolutivos que da como cumplidos SEGOB:

 a) La página electrónica del Gobierno del Estado de Chihuahua con información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia.

 Son resolutivos que no pueden darse por cumplidos, ya que la página electrónica elaborada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua no cumple con los lineamientos  establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, desconociendo los criterios bajo los cuáles se incorporaron los nombres y las fichas que se presentan en dicho portal, además de que no establece un mecanismo de denuncia para aportar información sobre las víctimas tal y como lo exige la Sentencia.

 En cuanto a la publicación íntegra de la sentencia, ésta se encuentra efectivamente publicada en los portales electrónicos del Gobierno Federal, pero continua sin aparecer en las páginas electrónicas del gobierno de Chihuahua, reflejando un claro desinterés por reconocer su responsabilidad internacional y publicitar la resolución del máximo tribunal internacional.

 b)  Sobre la indemnización económica que argumentan estar gestionando:

 La propia Secretaría de Gobernación ha reconocido ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez y por lo tanto no tienen la obligación de pagar. Por lo que ha impedido que se entregue el monto de la indemnización hacia las familias de las víctimas a pesar de que el Gobierno del Estado de Chihuahua ha manifestado su disposición para cumplir específicamente con este resolutivo.

El boletín de prensa emitido por la SEGOB pretende confundir a la opinión pública y justificar un trabajo, que en los  hechos es parcial y deficiente.

En la ciudad de México:

ANAD. Karla Micheel Salas Ramírez Cel. 5534551117

David Peña Rodríguez  Cel. 553455111

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

 

14 Jun 2010

Incumple Estado mexicano sentencia de la CoIDH: 1er Informe. ANAD.

 

Este 14 de junio de 2010 fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer informe de cumplimiento de la sentencia del “Campo Algodonero” por parte de la representación de las víctimas del caso.

 

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, organizaciones que representan a las víctimas instaron en el primer informe sobre el cabal cumplimiento de la sentencia a la CoIDH a que:

 

1. Solicite al Estado mexicano suministre información detallada en relación con las acciones tomadas para cumplir con las reparaciones contendidas en los resolutivos 12, 13, 14, 20 y 24 de la sentencia.

 

2. Recabe las observaciones pertinentes a esta información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

3. Y de ser necesario, proporcione instrucciones al Estado mexicano para los efectos del cabal cumplimiento de toda la sentencia, a fin de dilucidar aspectos sobre los cuales pudiese existir controversia entre las partes, relativos a la ejecución e implementación de las reparaciones.

 

En el informe se resalta el incumplimiento del Estado mexicano en cuatro de los resolutivos que deberían encontrarse en proceso o cumplidos dentro de los 6 meses posteriores a la publicación de la sentencia ocurrida el 10 de diciembre de 2009.

 

30 Abr 2010

Chihuahua falla de forma discriminatoria e ineficaz en el caso del asesinato de la adolescente Rubí Marisol Frayre

El sistema penal-judicial inquisitorio instaurado en Chihuahua conmemora el día de la infancia con un fallo que deja en la impunidad el asesinato de Rubí Marisol Frayre de dieciséis años de edad. El 22 de abril del 2010 la mamá de Rubí, Marisela Escobedo comenzó una serie de caminatas en Ciudad Juárez exigiendo justicia para su hija. Tras desechar los peritajes presentados sobre violencia contra las mujeres, por considerarlos irrelevantes para el caso, el tribunal absolvió al presunto asesino confeso.La interpretación realizada por funcionarios/as públicos/as del estado de Chihuahua demuestra el grado de minimización que se da al asesinato de mujeres menores en el Estado de Chihuahua y abona a la impunidad. 

6 Sep 2010

Informe CEF de la Cámara de Diputados sobre el Cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero

in

El reporte de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades competentes en Relación los Feminicidios Registrados en México (CEF) de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados presenta las conclusiones de las reuniones a las cuáles convocó, entre el 21 de junio y el 7 de julio del 2010 a funcionarios y funcionarias de la SEGOB, la PGR, el INMUJERES, la CNDH y la PJCH así como al Pdte. Municipal de Cd Juárez que analizó junto con  el informe enviado por los familiares y las organizaciones que les representan. El reporte presenta información derivada de estas reunione sobre el cumplimiento de los resolutivos de la sentencia. Los del plazo establecido para cumplirse antes del de 10 de junio del 2010 y los que deben cumplirse antes del 10 de diciembre del mismo año.

El informe resalta en sus conclusiones:

 

  • No hay evidencia suficiente para afirmar que se están cumpliendo los resolutivos de la Sentencia.
  • Las autoridades responsables afirman que los obstáculos de cumplimiento se derivan del conflicto de ámbitos de competencia de los tres niveles, a pesar de que el art. 28 de la CADH establece que cuande se trate de un Edo. federal le corresponde al gobierno nacional cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de la Convención, sin que sea posible argumentar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones.
  • Constata la ausencia del INMUJERES, organismo rector en materia de género del país, y de las instituciones del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para dearrollar acuerdos y acciones. En especial resalta la omisión de reportar sobre la resolución que indica el brindar cursos permanentes a funcionarios y funcionarias públicas.

 

Ante la aseveración recurrente de la necesidad de contar con un mecanimos jurídico ad hoc para resolver tema de competnencias entre ámbtios de gobierno la Comisión Especial reitera que la ausencia de un marco jurídico, tal como lo establecen las autoridades referidas, no exime del cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero y trabajará en la difusión, compromiso y adopción en todo el país de la sentencia. También establece que trabajará en propuestas jurídicas relativas a lograr el cabal cumplimiento de las resoluciones en contra del Edo mexicano y para establecer las sanciones correspondientes a las autoridades en caso de incumplimiento. 

30 Jul 2010

La Secretaría de Gobernación simula el cumplimiento de la Sentencia de “Campo Algodonero”

Difusión Cencos México D.F., 30 de julio de 2010

Boletín de prensa. ANAD / Cedimac / Red Ciudadana de NO Violencia y Dignidad Humana

El día 28 de julio del presente año, la Segob publicó un comunicado de prensa titulado “SEGOB da cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Al respecto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia y la Red Ciudadana por la No Violencia y la Dignidad Humana, organización que representa a las víctimas, informa lo siguiente:

1. La información proporcionada por la SEGOB pone de manifiesto la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia de “Campo Algodonero”.  Informa en su comunicado una serie de reuniones que ha celebrado, en las cuales no se han dado respuesta a dos de los resolutivos de cumplimiento inmediato y de prioridad primaria:

- La investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de las jóvenes Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González; la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas contra las familiares de las víctimas; y la investigación y sanción a los servidores públicos que permitieron la impunidad en los casos.

- La prestación de  los servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos a las víctimas de manera integral en los términos señalados por la propia Sentencia.

 2. En cuanto a los resolutivos que da como cumplidos SEGOB:

 a) La página electrónica del Gobierno del Estado de Chihuahua con información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia.

 Son resolutivos que no pueden darse por cumplidos, ya que la página electrónica elaborada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua no cumple con los lineamientos  establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, desconociendo los criterios bajo los cuáles se incorporaron los nombres y las fichas que se presentan en dicho portal, además de que no establece un mecanismo de denuncia para aportar información sobre las víctimas tal y como lo exige la Sentencia.

 En cuanto a la publicación íntegra de la sentencia, ésta se encuentra efectivamente publicada en los portales electrónicos del Gobierno Federal, pero continua sin aparecer en las páginas electrónicas del gobierno de Chihuahua, reflejando un claro desinterés por reconocer su responsabilidad internacional y publicitar la resolución del máximo tribunal internacional.

 b)  Sobre la indemnización económica que argumentan estar gestionando:

 La propia Secretaría de Gobernación ha reconocido ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez y por lo tanto no tienen la obligación de pagar. Por lo que ha impedido que se entregue el monto de la indemnización hacia las familias de las víctimas a pesar de que el Gobierno del Estado de Chihuahua ha manifestado su disposición para cumplir específicamente con este resolutivo.

El boletín de prensa emitido por la SEGOB pretende confundir a la opinión pública y justificar un trabajo, que en los  hechos es parcial y deficiente.

En la ciudad de México:

ANAD. Karla Micheel Salas Ramírez Cel. 5534551117

David Peña Rodríguez  Cel. 553455111

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

 

14 Jun 2010

Incumple Estado mexicano sentencia de la CoIDH: 1er Informe. ANAD.

 

Este 14 de junio de 2010 fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer informe de cumplimiento de la sentencia del “Campo Algodonero” por parte de la representación de las víctimas del caso.

 

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, organizaciones que representan a las víctimas instaron en el primer informe sobre el cabal cumplimiento de la sentencia a la CoIDH a que:

 

1. Solicite al Estado mexicano suministre información detallada en relación con las acciones tomadas para cumplir con las reparaciones contendidas en los resolutivos 12, 13, 14, 20 y 24 de la sentencia.

 

2. Recabe las observaciones pertinentes a esta información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

3. Y de ser necesario, proporcione instrucciones al Estado mexicano para los efectos del cabal cumplimiento de toda la sentencia, a fin de dilucidar aspectos sobre los cuales pudiese existir controversia entre las partes, relativos a la ejecución e implementación de las reparaciones.

 

En el informe se resalta el incumplimiento del Estado mexicano en cuatro de los resolutivos que deberían encontrarse en proceso o cumplidos dentro de los 6 meses posteriores a la publicación de la sentencia ocurrida el 10 de diciembre de 2009.

 

25 Feb 2011

La ONU-DH condena enérgicamente la violencia homicida en contra de la familia Reyes en Chihuahua

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena enérgicamente el asesinato de Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de Luisa Órnelas Soto, esposa de Elías, cuyos cuerpos fueron encontrados esta mañana en las inmediaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

30 Abr 2010

Chihuahua falla de forma discriminatoria e ineficaz en el caso del asesinato de la adolescente Rubí Marisol Frayre

El sistema penal-judicial inquisitorio instaurado en Chihuahua conmemora el día de la infancia con un fallo que deja en la impunidad el asesinato de Rubí Marisol Frayre de dieciséis años de edad. El 22 de abril del 2010 la mamá de Rubí, Marisela Escobedo comenzó una serie de caminatas en Ciudad Juárez exigiendo justicia para su hija. Tras desechar los peritajes presentados sobre violencia contra las mujeres, por considerarlos irrelevantes para el caso, el tribunal absolvió al presunto asesino confeso.La interpretación realizada por funcionarios/as públicos/as del estado de Chihuahua demuestra el grado de minimización que se da al asesinato de mujeres menores en el Estado de Chihuahua y abona a la impunidad. 

Declaración 3. México culpable por impunidad contra las víctimas y sus familiares

Texto original: 

“El Estado incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de: Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, de conformidad con los párrafos 287 a 389 de la presente Sentencia.”

Texto de análisis: 

Como se dijo, el Estado mexicano solicitó hacer el análisis de los hechos en torno a las investigaciones en el presente caso en dos etapas. Bajo este marco, México reconoció responsabilidad por irregularidades cometidas en la primera etapa (2001 a 2003), y para la segunda etapa (2004 a la fecha) ofreció pruebas y alegó que había subsanado todas esas irregularidades y cumplía cabalmente con su obligación de investigar, e incluso de hacerlo con una perspectiva de género.   La Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones. Sin embargo, constató que en la segunda etapa esas fallas no se habían subsanado totalmente. En cuanto a este aspecto, la Corte consideró que se vulneraron los derechos de acceso a la justicia y a una protección judicial eficaz para las tres víctimas y los familiares de ellas en los siguientes hechos: las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desenvolvieron las ejecuciones de las tres víctimas, y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave. Además señaló que de manera amplia, estos mismos hechos violaron el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Lo anterior, sumado al incumplimiento estatal de garantizar, a través de una investigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las tres víctimas, llevó a la Corte a concluir que en Campo Algodonero existe impunidad y que las medidas adoptadas en el derecho interno han sido insuficientes para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido.   Parte del deber de investigación con debida diligencia, como lo establecen las dos Convenciones que son marco de este caso, implica adoptar normas e implementar medidas necesarias que permitan a las autoridades cumplir con dicho deber. El Estado mexicano no demostró haber cumplido con ello. De esta manera, la Corte afirmó que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres, propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje de que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir, violando así este deber.   Para llegar a esta conclusión la Corte decidió analizar la controversia sobre estas violaciones a través de irregularidades mencionadas en seis aspectos señalados por la Comisión y las organizaciones representantes: a) en las actuaciones iniciales cuando se encuentran los cuerpos, b) en la actuación respecto de los presuntos responsables y la alegada fabricación de culpables, c) en la demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones, d) en la fragmentación de las investigaciones, e) en la negación de acceso al expediente y demoras o negación de copias del mismo y f) en la falta de sanción a los funcionarios públicos involucrados con irregularidades.   El primer aspecto, sobre las actuaciones iniciales cuando se encuentran los cuerpos, incluye irregularidades en la custodia de la escena del crimen, recolección y manejo de evidencias, elaboración de las autopsias y en la identificación y entrega de los restos de las víctimas. A través del análisis de las pruebas y su contraste con las obligaciones técnicas a cumplir en dichos procesos, la Corte concluye que encuentra irregularidades relacionadas a la:

  • Falta de información en el reporte sobre el hallazgo de los cadáveres;
  • Inadecuada preservación de la escena del crimen;
  • Falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia;
  • Contradicciones e insuficiencias de las autopsias;
  • Irregularidades e insuficiencias en la identificación de los cuerpos, así como en la entrega irregular de los mismos.

  El segundo aspecto alegado que analiza la Corte tiene que ver con la actuación respecto de los presuntos responsables y la alegada fabricación de culpables. México reconoció que la investigación inicial dirigida contra los señores García y González implicó que no se agotaran otras líneas de investigación, y que la posterior determinación de la no responsabilidad penal de esos dos señores generó en los familiares falta de credibilidad en las autoridades investigadoras, así como la pérdida de indicios y pruebas por el simple transcurso del tiempo. Además de ese reconocimiento, la Corte resalta tres aspectos que agravan estas irregularidades:

  1. La falta de debida investigación y sanción de estas irregularidades que sí fueron denunciadas, pues propicia la reiteración en el uso de tales métodos erróneos por parte de quienes realizan las investigaciones.
  2. Al afectar la capacidad del Poder Judicial para identificar y perseguir a los responsables, así como para lograr la sanción que corresponda, se hace inefectivo el acceso a la justicia.
  3. El hecho de que en el caso en el ámbito local tuviera que reiniciar las investigaciones cuatro años después de ocurridos los hechos debido a las graves irregularidades cometidas en ese proceso, generó un impacto grave en la eficacia de las investigaciones, más aún por el tipo de crimen cometido, donde la valoración de evidencias se hace aún más difícil con el transcurso del tiempo.

  La demora injustificada e inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones es el tercer punto que analiza la Corte, del que concluye que están probadas y constituyen responsabilidad, pues a pesar que el Estado haya reconocido su responsabilidad por las fallas de investigación en la primera etapa, éstas difícilmente podrían haber sido subsanadas a partir de la segunda etapa iniciada en 2004, ya que el Estado siguió actuando con tardías e insuficientes diligencias probatorias. La Corte toma como prueba clara de ello el hecho de que desde que se encontraron los cuerpos hayan pasado ya ocho años sin que la investigación pase de su fase preliminar.   Finalmente la Corte también reconoció la responsabilidad del Estado refiere a la falta de sanción a los funcionarios públicos involucrados en las irregularidades mencionadas. La Corte concluye que no se ha investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias ocurridas en Campo Algodonero, lo que agrava la situación de indefensión de las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata. En este sentido, la Corte resalta que las sanciones administrativas o penales tienen un rol importante para crear la competencia y cultura institucional adecuada para enfrentar los factores que explican el contexto de violencia contra la mujer. Afirma que si se permite que personas responsables de estas graves irregularidades continúen en sus cargos, o peor aún, ocupen posiciones de autoridad, se puede generar impunidad y crear las condiciones para que los factores que inciden en el contexto de violencia persistan o se agraven.

Requerimientos: 

Dos aspectos alegados por las organizaciones representantes no fueron considerados como suficientemente probados y por lo tanto, no fueron asumidos por la Corte como elementos de irregularidad que afectaran la eficacia de las investigaciones. Uno de ellos, la fragmentación de las investigaciones, incluía cuatro alegatos sobre irregularidades: a) por el inicio de una investigación por tráfico de órganos que no derivó en ningún elemento sustancial para avanzar en el caso, b) por la no articulación de ésta con la investigación por desaparición y homicidio que se llevaba en el ámbito local, c) por la dificultad, ante la necesidad, de que el fuero federal conociera del presente caso, debido a las graves irregularidades que se cometían en el fuero local, y d) por irregularidades derivadas de investigar los tres casos en forma separada y no como un conjunto con los demás hechos de Campo Algodonero.   A pesar de no encontrar suficientes pruebas para señalarlo como un incumplimiento de la responsabilidad internacional, la Corte considera que si bien la individualización de las investigaciones puede, en teoría, incluso favorecer el avance de las mismas, el Estado debe ser conciente que éstas se enmarcan dentro de un contexto de violencia contra la mujer, lo cual debe asumir de oficio, sin que sean las víctimas y sus familiares quienes tengan la carga de asumir tal iniciativa.   El otro aspecto que no fue asumido, era el alegato sobre cómo la negación de acceso al expediente y demoras o negación de copias del mismo había afectado la eficacia de las investigaciones y violado los derechos de los familiares al acceso a la justicia. La Corte tampoco pudo pronunciarse sobre ello pues no contó con elementos suficientes para señalar el impacto negativo de dichas acciones, ni tampoco con información suficiente sobre el derecho interno que regula la reserva de la averiguación previa y el alegado “derecho a la coadyuvancia”, que se establece en el derecho penal mexicano respecto de la intervención de las víctimas y sus representantes en el proceso de investigación.

Eventos
17 Dic 2010

Pronunciamiento Marisela Escobedo Ortiz

 

Con profunda indignación y tristeza les comunicamos del cobarde asesinato de nuestra compañera Marisela Escobedo Ortiz.

Marisela fue una defensora de derechos humanos que lucho incansablemente en contra del feminicidio en Ciudad Juárez y enfrentó la violencia que cobró la vida de su hija y de cientos de mujeres en Chihuahua. Fue víctima de la impunidad y el desprecio de las autoridades mexicanas que han incumplido sistemáticamente todas sus obligaciones sobre derechos humanos de las mujeres.

En anexo se envía un pronunciamiento que hacemos desde diversas organizaciones y personas, de Ciudad Juárez, México y la región mesoamericana. Las y los invitamos a sumarse, a difundir la información y dar seguimiento de las acciones que se realicen.

Si quieres adherirlo envía tu nombre a la forma de contacto de esta página o al correo campoalgodonero(arroba)gmail.com

 

17 Dic 2010

Información sobre la Manifestación para exigir justicia ante el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz. (17Dic2010)

 

El pasado viernes 17 de diciembre, se realizaron manifestaciones en diversas ciudades del país para denunciar el terrible asesinato de Marisela Escobedo, luchadora incansable en contra del feminicidio, ocurrido el pasado 16 de diciembre, mientras exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol. En la Ciudad de México se realizaron manifestaciones frente a la Secretaría de Gobernación y frente a la representación del estado de Chihuahua en la capital del País.

La manifestación, convocada a las 17:00 frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), inició con el bloqueo por parte del gobierno federal para que las manifestantes pudieran reunirse. Con todo el perímetro rodeado de vallas y más de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), se impidió el acceso al lugar a partir de las 17:30.  

El informe de los sucedido en la Manifestación se encuentra en el vínculo:

 

14 Jun 2010

Incumple Estado mexicano sentencia de la CoIDH: 1er Informe. ANAD.

 

Este 14 de junio de 2010 fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer informe de cumplimiento de la sentencia del “Campo Algodonero” por parte de la representación de las víctimas del caso.

 

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, organizaciones que representan a las víctimas instaron en el primer informe sobre el cabal cumplimiento de la sentencia a la CoIDH a que:

 

1. Solicite al Estado mexicano suministre información detallada en relación con las acciones tomadas para cumplir con las reparaciones contendidas en los resolutivos 12, 13, 14, 20 y 24 de la sentencia.

 

2. Recabe las observaciones pertinentes a esta información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

3. Y de ser necesario, proporcione instrucciones al Estado mexicano para los efectos del cabal cumplimiento de toda la sentencia, a fin de dilucidar aspectos sobre los cuales pudiese existir controversia entre las partes, relativos a la ejecución e implementación de las reparaciones.

 

En el informe se resalta el incumplimiento del Estado mexicano en cuatro de los resolutivos que deberían encontrarse en proceso o cumplidos dentro de los 6 meses posteriores a la publicación de la sentencia ocurrida el 10 de diciembre de 2009.

 

30 Abr 2010

Chihuahua falla de forma discriminatoria e ineficaz en el caso del asesinato de la adolescente Rubí Marisol Frayre

El sistema penal-judicial inquisitorio instaurado en Chihuahua conmemora el día de la infancia con un fallo que deja en la impunidad el asesinato de Rubí Marisol Frayre de dieciséis años de edad. El 22 de abril del 2010 la mamá de Rubí, Marisela Escobedo comenzó una serie de caminatas en Ciudad Juárez exigiendo justicia para su hija. Tras desechar los peritajes presentados sobre violencia contra las mujeres, por considerarlos irrelevantes para el caso, el tribunal absolvió al presunto asesino confeso.La interpretación realizada por funcionarios/as públicos/as del estado de Chihuahua demuestra el grado de minimización que se da al asesinato de mujeres menores en el Estado de Chihuahua y abona a la impunidad. 

14 Jun 2010

Incumple Estado mexicano sentencia de la CoIDH: 1er Informe. ANAD.

 

Este 14 de junio de 2010 fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primer informe de cumplimiento de la sentencia del “Campo Algodonero” por parte de la representación de las víctimas del caso.

 

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, organizaciones que representan a las víctimas instaron en el primer informe sobre el cabal cumplimiento de la sentencia a la CoIDH a que:

 

1. Solicite al Estado mexicano suministre información detallada en relación con las acciones tomadas para cumplir con las reparaciones contendidas en los resolutivos 12, 13, 14, 20 y 24 de la sentencia.

 

2. Recabe las observaciones pertinentes a esta información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

3. Y de ser necesario, proporcione instrucciones al Estado mexicano para los efectos del cabal cumplimiento de toda la sentencia, a fin de dilucidar aspectos sobre los cuales pudiese existir controversia entre las partes, relativos a la ejecución e implementación de las reparaciones.

 

En el informe se resalta el incumplimiento del Estado mexicano en cuatro de los resolutivos que deberían encontrarse en proceso o cumplidos dentro de los 6 meses posteriores a la publicación de la sentencia ocurrida el 10 de diciembre de 2009.

 

17 Dic 2010

Información sobre la Manifestación para exigir justicia ante el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz. (17Dic2010)

 

El pasado viernes 17 de diciembre, se realizaron manifestaciones en diversas ciudades del país para denunciar el terrible asesinato de Marisela Escobedo, luchadora incansable en contra del feminicidio, ocurrido el pasado 16 de diciembre, mientras exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol. En la Ciudad de México se realizaron manifestaciones frente a la Secretaría de Gobernación y frente a la representación del estado de Chihuahua en la capital del País.

La manifestación, convocada a las 17:00 frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), inició con el bloqueo por parte del gobierno federal para que las manifestantes pudieran reunirse. Con todo el perímetro rodeado de vallas y más de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), se impidió el acceso al lugar a partir de las 17:30.  

El informe de los sucedido en la Manifestación se encuentra en el vínculo:

 

17 Dic 2010

Pronunciamiento Marisela Escobedo Ortiz

 

Con profunda indignación y tristeza les comunicamos del cobarde asesinato de nuestra compañera Marisela Escobedo Ortiz.

Marisela fue una defensora de derechos humanos que lucho incansablemente en contra del feminicidio en Ciudad Juárez y enfrentó la violencia que cobró la vida de su hija y de cientos de mujeres en Chihuahua. Fue víctima de la impunidad y el desprecio de las autoridades mexicanas que han incumplido sistemáticamente todas sus obligaciones sobre derechos humanos de las mujeres.

En anexo se envía un pronunciamiento que hacemos desde diversas organizaciones y personas, de Ciudad Juárez, México y la región mesoamericana. Las y los invitamos a sumarse, a difundir la información y dar seguimiento de las acciones que se realicen.

Si quieres adherirlo envía tu nombre a la forma de contacto de esta página o al correo campoalgodonero(arroba)gmail.com

 

30 Abr 2010

Chihuahua falla de forma discriminatoria e ineficaz en el caso del asesinato de la adolescente Rubí Marisol Frayre

El sistema penal-judicial inquisitorio instaurado en Chihuahua conmemora el día de la infancia con un fallo que deja en la impunidad el asesinato de Rubí Marisol Frayre de dieciséis años de edad. El 22 de abril del 2010 la mamá de Rubí, Marisela Escobedo comenzó una serie de caminatas en Ciudad Juárez exigiendo justicia para su hija. Tras desechar los peritajes presentados sobre violencia contra las mujeres, por considerarlos irrelevantes para el caso, el tribunal absolvió al presunto asesino confeso.La interpretación realizada por funcionarios/as públicos/as del estado de Chihuahua demuestra el grado de minimización que se da al asesinato de mujeres menores en el Estado de Chihuahua y abona a la impunidad. 

Declaración 5. México culpable de violar los derechos de las niñas del caso

Texto original: 

“El Estado violó los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las niñas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, de conformidad con los párrafos 403 a 411 de la presente Sentencia.”

Texto de análisis: 

En tanto Esmeralda y Laura Berenice eran niñas, de 14 y 17 años respectivamente, se presupone que el Estado tenía el deber de prestar una atención especial para evitar que sus derechos fueran violados. En este caso implicaba, de acuerdo a la Corte, que México tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.

México afirmó que no tenía responsabilidad internacional respecto de los deberes especiales de la infancia, porque no se había demostrado que la minoría de edad de las víctimas hubiera sido un factor relevante en los hechos. Pero además, afirmó que cumplía con su obligación de protección a los niños con la adopción de medidas acordes con su situación especial de vulnerabilidad, y para ello presentó como pruebas la legislación existente sobre derechos de las niñas y los niños y sus programas derivados. La Comisión alegó que las agencias estatales encargadas específicamente de la protección a la infancia no intervinieron de modo alguno ni en la prevención de estos hechos ni en proponer alguna clase de solución para el caso, y que las instancias estatales encargadas de hacer cumplir la ley no actuaron para prevenir los hechos ni para individualizar y sancionar a los responsables de acuerdo a la condición de las víctimas.

La Corte concluyó que, a pesar de la existencia de legislación para la protección de la niñez y de determinadas políticas estatales, en este caso concreto, esas medidas no se tradujeron en medidas efectivas para iniciar una pronta búsqueda; activar todos los recursos para movilizar a las diferentes instituciones y desplegar mecanismos internos para obtener información que permitiera localizar a las niñas con rapidez; ni para, una vez encontrados los cuerpos, realizar las investigaciones, procesar y sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita. Según la Corte, es definitivo que el Estado no demostró tener mecanismos de reacción o políticas públicas que dotaran a las instituciones involucradas de las herramientas necesarias para garantizar los derechos de las niñas, y por lo tanto incurrió en responsabilidad internacional por violar los derechos de la infancia.

Eventos
14 Jun 2010

ACCIÓN URGENTE: Hombres Armados Violan la Secresía del Único Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema de Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

El 9 de junio del año en curso 14 hombres,  seis de ellos con armas de alto poder llegaron a las instalaciones secretas de SIN VIOLENCIA A. C. Refugio para mujeres en situación de riesgo por violencia extrema, al mando del grupo de hombres armados, se encontraba el funcionario del poder judicial de nombre Román García oficial notificador, quien se negó a identificarse y mostrando la copia de un oficio signado por el Juez Primero de lo familiar del Distrito Judicial Bravos Lic. Guadalupe Manuel de Santiago Aguayo, en el cual dicho funcionario autorizaba el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras en una diligencia del ramo familiar,  consistente en la  entrega de forma  inmediata de la menor Lesly Itzel Muñoz González.

 

El oficio mostrado, no señala domicilio para realizar dicha diligencia judicial, ni se encuentra dirigida a la asociación civil, por lo que el personal reiteró la oposición a que violentaran la entrada al recinto, al no encontrar colmados los requisitos legales para que se llevara a cabo la diligencia, solicitando al funcionario judicial, la presentación de una orden de cateo, la cual no llevaba. 

 

A pesar de ello, bajo amenaza de utilizar armas de fuego para ingresar al refugio, los hombres armados entraron al refugio de forma violenta.

 

Les pedimos su cooperación para enviar llamamientos y extrañamientos a las autoridades correspondientes, así como enviar una copia al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

Lic. Rodolfo Acosta Muñoz

Magistrado  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

Del  Estado de Chihuahua 

Tel ( 52 614 ) 1 800 700

 

Lic. José Reyes Baeza

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

Palacio de Gobierno

Calle Aldama # 901 Col Centro C.P. 31000

Tel ( 52 614) 4 29 33 00 ext 11123

 

Enviar copia a: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, correo electrónico: acción@cedehm.org.mx  y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C., correo electrónico: red.mmj@hotmail.com 

El comunicado completo viene adjunto en formato pdf

 

30 Abr 2010

Chihuahua falla de forma discriminatoria e ineficaz en el caso del asesinato de la adolescente Rubí Marisol Frayre

El sistema penal-judicial inquisitorio instaurado en Chihuahua conmemora el día de la infancia con un fallo que deja en la impunidad el asesinato de Rubí Marisol Frayre de dieciséis años de edad. El 22 de abril del 2010 la mamá de Rubí, Marisela Escobedo comenzó una serie de caminatas en Ciudad Juárez exigiendo justicia para su hija. Tras desechar los peritajes presentados sobre violencia contra las mujeres, por considerarlos irrelevantes para el caso, el tribunal absolvió al presunto asesino confeso.La interpretación realizada por funcionarios/as públicos/as del estado de Chihuahua demuestra el grado de minimización que se da al asesinato de mujeres menores en el Estado de Chihuahua y abona a la impunidad. 

No hay eventos en esta clasificación.

14 Jun 2010

ACCIÓN URGENTE: Hombres Armados Violan la Secresía del Único Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema de Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

El 9 de junio del año en curso 14 hombres,  seis de ellos con armas de alto poder llegaron a las instalaciones secretas de SIN VIOLENCIA A. C. Refugio para mujeres en situación de riesgo por violencia extrema, al mando del grupo de hombres armados, se encontraba el funcionario del poder judicial de nombre Román García oficial notificador, quien se negó a identificarse y mostrando la copia de un oficio signado por el Juez Primero de lo familiar del Distrito Judicial Bravos Lic. Guadalupe Manuel de Santiago Aguayo, en el cual dicho funcionario autorizaba el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras en una diligencia del ramo familiar,  consistente en la  entrega de forma  inmediata de la menor Lesly Itzel Muñoz González.

 

El oficio mostrado, no señala domicilio para realizar dicha diligencia judicial, ni se encuentra dirigida a la asociación civil, por lo que el personal reiteró la oposición a que violentaran la entrada al recinto, al no encontrar colmados los requisitos legales para que se llevara a cabo la diligencia, solicitando al funcionario judicial, la presentación de una orden de cateo, la cual no llevaba. 

 

A pesar de ello, bajo amenaza de utilizar armas de fuego para ingresar al refugio, los hombres armados entraron al refugio de forma violenta.

 

Les pedimos su cooperación para enviar llamamientos y extrañamientos a las autoridades correspondientes, así como enviar una copia al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

Lic. Rodolfo Acosta Muñoz

Magistrado  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

Del  Estado de Chihuahua 

Tel ( 52 614 ) 1 800 700

 

Lic. José Reyes Baeza

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

Palacio de Gobierno

Calle Aldama # 901 Col Centro C.P. 31000

Tel ( 52 614) 4 29 33 00 ext 11123

 

Enviar copia a: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, correo electrónico: acción@cedehm.org.mx  y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C., correo electrónico: red.mmj@hotmail.com 

El comunicado completo viene adjunto en formato pdf

 

30 Abr 2010

Chihuahua falla de forma discriminatoria e ineficaz en el caso del asesinato de la adolescente Rubí Marisol Frayre

El sistema penal-judicial inquisitorio instaurado en Chihuahua conmemora el día de la infancia con un fallo que deja en la impunidad el asesinato de Rubí Marisol Frayre de dieciséis años de edad. El 22 de abril del 2010 la mamá de Rubí, Marisela Escobedo comenzó una serie de caminatas en Ciudad Juárez exigiendo justicia para su hija. Tras desechar los peritajes presentados sobre violencia contra las mujeres, por considerarlos irrelevantes para el caso, el tribunal absolvió al presunto asesino confeso.La interpretación realizada por funcionarios/as públicos/as del estado de Chihuahua demuestra el grado de minimización que se da al asesinato de mujeres menores en el Estado de Chihuahua y abona a la impunidad. 

Declaración 6. México culpable de violar la integridad de familiares de las víctimas por los sufrimientos causados

Texto original: 

“El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por los sufrimientos causados a Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, en los términos de los párrafos 413 a 424 de la presente Sentencia.”

Texto de análisis: 

El derecho a la integridad personal se considera siempre violado respecto de los familiares directos de las víctimas, pues se presupone que por el vínculo afectivo y participación en la búsqueda de la verdad, su integridad psíquica y moral se ve afectada. Sin embargo, para cada caso es necesario delimitarlo a los hechos y para las medidas de reparación particulares. En este caso, el Estado mexicano aceptó su reconocimiento de responsabilidad por violar este derecho respecto de los familiares, sólo en la “primera etapa” de las investigaciones.

La Corte concluye que la violación de la integridad personal de los familiares de las tres víctimas (madres, hermanos y hermanas, sobrinas, cuñados y cuñadas) se reconoce por el gran sufrimiento y angustia que vivieron durante todo el proceso –no sólo la “primera etapa”-, por las circunstancias y el contexto en que ocurrieron los hechos.

Requerimientos: 

La Corte señala como actuaciones violatorias por parte de las autoridades en contra de las y los familiares, las siguientes:

  • La irregular y deficiente actuación de las autoridades del Estado a la hora de buscar el paradero de las víctimas una vez reportada su desaparición.
  • La mala diligencia en la determinación de la identidad de los restos, de las circunstancias y causas de las muertes.
  • El retraso en la entrega de los cadáveres. La ausencia de información sobre el desarrollo de las investigaciones.
  • El trato dado a los familiares durante todo el proceso de búsqueda de la verdad, lo que ha provocado en ellos un gran sufrimiento y angustia.

Eventos
6 Sep 2010

Informe CEF de la Cámara de Diputados sobre el Cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero

in

El reporte de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades competentes en Relación los Feminicidios Registrados en México (CEF) de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados presenta las conclusiones de las reuniones a las cuáles convocó, entre el 21 de junio y el 7 de julio del 2010 a funcionarios y funcionarias de la SEGOB, la PGR, el INMUJERES, la CNDH y la PJCH así como al Pdte. Municipal de Cd Juárez que analizó junto con  el informe enviado por los familiares y las organizaciones que les representan. El reporte presenta información derivada de estas reunione sobre el cumplimiento de los resolutivos de la sentencia. Los del plazo establecido para cumplirse antes del de 10 de junio del 2010 y los que deben cumplirse antes del 10 de diciembre del mismo año.

El informe resalta en sus conclusiones:

 

  • No hay evidencia suficiente para afirmar que se están cumpliendo los resolutivos de la Sentencia.
  • Las autoridades responsables afirman que los obstáculos de cumplimiento se derivan del conflicto de ámbitos de competencia de los tres niveles, a pesar de que el art. 28 de la CADH establece que cuande se trate de un Edo. federal le corresponde al gobierno nacional cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de la Convención, sin que sea posible argumentar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones.
  • Constata la ausencia del INMUJERES, organismo rector en materia de género del país, y de las instituciones del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para dearrollar acuerdos y acciones. En especial resalta la omisión de reportar sobre la resolución que indica el brindar cursos permanentes a funcionarios y funcionarias públicas.

 

Ante la aseveración recurrente de la necesidad de contar con un mecanimos jurídico ad hoc para resolver tema de competnencias entre ámbtios de gobierno la Comisión Especial reitera que la ausencia de un marco jurídico, tal como lo establecen las autoridades referidas, no exime del cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero y trabajará en la difusión, compromiso y adopción en todo el país de la sentencia. También establece que trabajará en propuestas jurídicas relativas a lograr el cabal cumplimiento de las resoluciones en contra del Edo mexicano y para establecer las sanciones correspondientes a las autoridades en caso de incumplimiento. 

30 Abr 2010

Chihuahua falla de forma discriminatoria e ineficaz en el caso del asesinato de la adolescente Rubí Marisol Frayre

El sistema penal-judicial inquisitorio instaurado en Chihuahua conmemora el día de la infancia con un fallo que deja en la impunidad el asesinato de Rubí Marisol Frayre de dieciséis años de edad. El 22 de abril del 2010 la mamá de Rubí, Marisela Escobedo comenzó una serie de caminatas en Ciudad Juárez exigiendo justicia para su hija. Tras desechar los peritajes presentados sobre violencia contra las mujeres, por considerarlos irrelevantes para el caso, el tribunal absolvió al presunto asesino confeso.La interpretación realizada por funcionarios/as públicos/as del estado de Chihuahua demuestra el grado de minimización que se da al asesinato de mujeres menores en el Estado de Chihuahua y abona a la impunidad. 

30 Abr 2009

Hoy concluye en Chile la audiencia pública de la CIDH por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez

 Hoy concluye en Chile la audiencia pública de la CIDH por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez  La jornada de este martes se inició con los crudos y emotivos testimonios de los familiares de las víctimas y las declaraciones de los peritos, quienes en 2007 lograron que la CIDH analizara el caso. Este miércoles, los juristas recibirán los escritos y las presentaciones finales de la parte acusadora. 

6 Sep 2010

Informe CEF de la Cámara de Diputados sobre el Cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero

in

El reporte de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades competentes en Relación los Feminicidios Registrados en México (CEF) de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados presenta las conclusiones de las reuniones a las cuáles convocó, entre el 21 de junio y el 7 de julio del 2010 a funcionarios y funcionarias de la SEGOB, la PGR, el INMUJERES, la CNDH y la PJCH así como al Pdte. Municipal de Cd Juárez que analizó junto con  el informe enviado por los familiares y las organizaciones que les representan. El reporte presenta información derivada de estas reunione sobre el cumplimiento de los resolutivos de la sentencia. Los del plazo establecido para cumplirse antes del de 10 de junio del 2010 y los que deben cumplirse antes del 10 de diciembre del mismo año.

El informe resalta en sus conclusiones:

 

  • No hay evidencia suficiente para afirmar que se están cumpliendo los resolutivos de la Sentencia.
  • Las autoridades responsables afirman que los obstáculos de cumplimiento se derivan del conflicto de ámbitos de competencia de los tres niveles, a pesar de que el art. 28 de la CADH establece que cuande se trate de un Edo. federal le corresponde al gobierno nacional cumplir y hacer cumplir las disposiciones derivadas de la Convención, sin que sea posible argumentar su legislación interna para justificar el incumplimiento de sus obligaciones.
  • Constata la ausencia del INMUJERES, organismo rector en materia de género del país, y de las instituciones del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para dearrollar acuerdos y acciones. En especial resalta la omisión de reportar sobre la resolución que indica el brindar cursos permanentes a funcionarios y funcionarias públicas.

 

Ante la aseveración recurrente de la necesidad de contar con un mecanimos jurídico ad hoc para resolver tema de competnencias entre ámbtios de gobierno la Comisión Especial reitera que la ausencia de un marco jurídico, tal como lo establecen las autoridades referidas, no exime del cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero y trabajará en la difusión, compromiso y adopción en todo el país de la sentencia. También establece que trabajará en propuestas jurídicas relativas a lograr el cabal cumplimiento de las resoluciones en contra del Edo mexicano y para establecer las sanciones correspondientes a las autoridades en caso de incumplimiento. 

30 Abr 2010

Chihuahua falla de forma discriminatoria e ineficaz en el caso del asesinato de la adolescente Rubí Marisol Frayre

El sistema penal-judicial inquisitorio instaurado en Chihuahua conmemora el día de la infancia con un fallo que deja en la impunidad el asesinato de Rubí Marisol Frayre de dieciséis años de edad. El 22 de abril del 2010 la mamá de Rubí, Marisela Escobedo comenzó una serie de caminatas en Ciudad Juárez exigiendo justicia para su hija. Tras desechar los peritajes presentados sobre violencia contra las mujeres, por considerarlos irrelevantes para el caso, el tribunal absolvió al presunto asesino confeso.La interpretación realizada por funcionarios/as públicos/as del estado de Chihuahua demuestra el grado de minimización que se da al asesinato de mujeres menores en el Estado de Chihuahua y abona a la impunidad. 

30 Abr 2009

Hoy concluye en Chile la audiencia pública de la CIDH por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez

 Hoy concluye en Chile la audiencia pública de la CIDH por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez  La jornada de este martes se inició con los crudos y emotivos testimonios de los familiares de las víctimas y las declaraciones de los peritos, quienes en 2007 lograron que la CIDH analizara el caso. Este miércoles, los juristas recibirán los escritos y las presentaciones finales de la parte acusadora. 

Declaración 7. México culpable de violar la integridad de familiares de las víctimas por hostigamiento

Texto original: 

“El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por los actos de hostigamiento que sufrieron Adrián Herrera Monreal, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, por los actos de hostigamiento que sufrieron, en los términos de los párrafos 425 a 440 de la presente Sentencia.”

Texto de análisis: 

Además de la violación a la integridad personal de las y los familiares de las víctimas en su integridad física y moral por el sufrimiento vivido durante el proceso, la Comisión y las organizaciones representantes alegaron que también habían sido objeto de hostigamiento por parte de las autoridades, el cual incluía amenazas, malos tratos, intimidación, formas sistemáticas de disuasión, y hasta la violencia directa. El Estado respondió que no había elementos que demostraran dichas acusaciones y alegó que los familiares no habían acudido a reportar esas actuaciones, por lo que las autoridades no contaban con elementos para investigarlas y sancionar a los responsables.

La Corte, una vez analizadas las pruebas, detectó que en Ciudad Juárez existe un patrón de conductas estatales contra familiares de mujeres víctimas de violencia, que consiste en tratos despectivos e irrespetuosos y hasta agresivos cuando las familias intentan obtener información sobre las investigaciones. Este patrón generaba en la mayoría de los casos desconfianza y temor, por lo que no se denunciaban los hechos.

También señaló que en algunos casos los familiares manifestaron que se les dijo que dejaran de realizar averiguaciones o llevar a cabo otras actividades en procuración de justicia. En el caso particular de la familia Monárrez, a través del otorgamiento de asilo político en Estados Unidos de Norteamérica por los hostigamiento sufridos en torno al caso, se reconoció que habían vivido un miedo sostenido por los peligros y las amenazas diversas que han padecido, reflejados en hechos que han puesto en peligro su seguridad y su integridad en el espacio público, sin que las autoridades hayan dado atención expedita y adecuada a sus demandas. También se señaló el padecimiento de sensaciones de soledad y aislamiento por la desconfianza creciente en las autoridades.

Así, la responsabilidad internacional de México por violar la integridad personal de familiares de las víctimas al hostigarlos en su búsqueda de justicia, es reconocida por la Corte sólo para aquellos familiares de Campo Algodonero de los cuales se presentaron pruebas y alegatos en este proceso.

Requerimientos: 

Es prioritario realizar una documentación detallada y dar un seguimiento estrecho a estas situaciones para que no continúen, no sólo contra las y los familiares, sino también para quienes acompañan su defensa.

Eventos
17 Dic 2010

Pronunciamiento Marisela Escobedo Ortiz

 

Con profunda indignación y tristeza les comunicamos del cobarde asesinato de nuestra compañera Marisela Escobedo Ortiz.

Marisela fue una defensora de derechos humanos que lucho incansablemente en contra del feminicidio en Ciudad Juárez y enfrentó la violencia que cobró la vida de su hija y de cientos de mujeres en Chihuahua. Fue víctima de la impunidad y el desprecio de las autoridades mexicanas que han incumplido sistemáticamente todas sus obligaciones sobre derechos humanos de las mujeres.

En anexo se envía un pronunciamiento que hacemos desde diversas organizaciones y personas, de Ciudad Juárez, México y la región mesoamericana. Las y los invitamos a sumarse, a difundir la información y dar seguimiento de las acciones que se realicen.

Si quieres adherirlo envía tu nombre a la forma de contacto de esta página o al correo campoalgodonero(arroba)gmail.com

 

17 Dic 2010

Información sobre la Manifestación para exigir justicia ante el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz. (17Dic2010)

 

El pasado viernes 17 de diciembre, se realizaron manifestaciones en diversas ciudades del país para denunciar el terrible asesinato de Marisela Escobedo, luchadora incansable en contra del feminicidio, ocurrido el pasado 16 de diciembre, mientras exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol. En la Ciudad de México se realizaron manifestaciones frente a la Secretaría de Gobernación y frente a la representación del estado de Chihuahua en la capital del País.

La manifestación, convocada a las 17:00 frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), inició con el bloqueo por parte del gobierno federal para que las manifestantes pudieran reunirse. Con todo el perímetro rodeado de vallas y más de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), se impidió el acceso al lugar a partir de las 17:30.  

El informe de los sucedido en la Manifestación se encuentra en el vínculo:

 

6 Dic 2010

El discurso íntegro del director de El Diario ante periodistas de la Cumbre de Editores Fronterizos

Los medios de comunicación en Chihuahua son cómplices de la discriminación y violencia contra las mujeres. Aún después de dictada la Sentencia de Campo Algodonero donde se establece el contexto de riesgo que se ha generado para las mujeres y como esto viola los derechos humanos, siguen minimizando los asesinatos de mujeres y desinformando al respecto, tachando de leyenda negra los hechos documentados, denunciados y condenados.

"[...] En ese marco, también, es en el que aflora la leyenda negra sobre las muertas de Juárez, un mito que sólo los que hemos estado al tanto de lo que sucede en esta ciudad, conocemos cómo lo fue creando la cauda de inexactitudes y exageraciones que se tejieron en torno a cerca de 300 asesinatos de mujeres registrados en un periodo de diez años. Una cifra no deseada por nadie pero que en realidad es baja si se le compara con las documentadas durante la misma etapa en otras ciudades del país, según su número de habitantes, y que nada tiene que ver con el invento de millares de crímenes y desapariciones anuales con que inflaron esta falsedad que tanta suciedad arrojó sobre nuestra comunidad. [...]

[...]Y mientras la atención del mundo se desviaba sobre esta gran mentira, desmentida luego por una seria auditoría realizada por periodistas y ex periodistas de El Diario con cifras aceptadas ya por los medios profesionales y los gobiernos en el mundo, nuestro medio gritaba y denunciaba lo que en realidad sucedía. Aunque gran parte de esta información investigada se perdía entre el eco desaforado ocasionado por la leyenda negra.[...]

30 Jul 2010

La Secretaría de Gobernación simula el cumplimiento de la Sentencia de “Campo Algodonero”

Difusión Cencos México D.F., 30 de julio de 2010

Boletín de prensa. ANAD / Cedimac / Red Ciudadana de NO Violencia y Dignidad Humana

El día 28 de julio del presente año, la Segob publicó un comunicado de prensa titulado “SEGOB da cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Al respecto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia y la Red Ciudadana por la No Violencia y la Dignidad Humana, organización que representa a las víctimas, informa lo siguiente:

1. La información proporcionada por la SEGOB pone de manifiesto la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia de “Campo Algodonero”.  Informa en su comunicado una serie de reuniones que ha celebrado, en las cuales no se han dado respuesta a dos de los resolutivos de cumplimiento inmediato y de prioridad primaria:

- La investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de las jóvenes Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González; la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas contra las familiares de las víctimas; y la investigación y sanción a los servidores públicos que permitieron la impunidad en los casos.

- La prestación de  los servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos a las víctimas de manera integral en los términos señalados por la propia Sentencia.

 2. En cuanto a los resolutivos que da como cumplidos SEGOB:

 a) La página electrónica del Gobierno del Estado de Chihuahua con información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia.

 Son resolutivos que no pueden darse por cumplidos, ya que la página electrónica elaborada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua no cumple con los lineamientos  establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, desconociendo los criterios bajo los cuáles se incorporaron los nombres y las fichas que se presentan en dicho portal, además de que no establece un mecanismo de denuncia para aportar información sobre las víctimas tal y como lo exige la Sentencia.

 En cuanto a la publicación íntegra de la sentencia, ésta se encuentra efectivamente publicada en los portales electrónicos del Gobierno Federal, pero continua sin aparecer en las páginas electrónicas del gobierno de Chihuahua, reflejando un claro desinterés por reconocer su responsabilidad internacional y publicitar la resolución del máximo tribunal internacional.

 b)  Sobre la indemnización económica que argumentan estar gestionando:

 La propia Secretaría de Gobernación ha reconocido ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez y por lo tanto no tienen la obligación de pagar. Por lo que ha impedido que se entregue el monto de la indemnización hacia las familias de las víctimas a pesar de que el Gobierno del Estado de Chihuahua ha manifestado su disposición para cumplir específicamente con este resolutivo.

El boletín de prensa emitido por la SEGOB pretende confundir a la opinión pública y justificar un trabajo, que en los  hechos es parcial y deficiente.

En la ciudad de México:

ANAD. Karla Micheel Salas Ramírez Cel. 5534551117

David Peña Rodríguez  Cel. 553455111

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

 

14 Jun 2010

ACCIÓN URGENTE: Hombres Armados Violan la Secresía del Único Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema de Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

El 9 de junio del año en curso 14 hombres,  seis de ellos con armas de alto poder llegaron a las instalaciones secretas de SIN VIOLENCIA A. C. Refugio para mujeres en situación de riesgo por violencia extrema, al mando del grupo de hombres armados, se encontraba el funcionario del poder judicial de nombre Román García oficial notificador, quien se negó a identificarse y mostrando la copia de un oficio signado por el Juez Primero de lo familiar del Distrito Judicial Bravos Lic. Guadalupe Manuel de Santiago Aguayo, en el cual dicho funcionario autorizaba el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras en una diligencia del ramo familiar,  consistente en la  entrega de forma  inmediata de la menor Lesly Itzel Muñoz González.

 

El oficio mostrado, no señala domicilio para realizar dicha diligencia judicial, ni se encuentra dirigida a la asociación civil, por lo que el personal reiteró la oposición a que violentaran la entrada al recinto, al no encontrar colmados los requisitos legales para que se llevara a cabo la diligencia, solicitando al funcionario judicial, la presentación de una orden de cateo, la cual no llevaba. 

 

A pesar de ello, bajo amenaza de utilizar armas de fuego para ingresar al refugio, los hombres armados entraron al refugio de forma violenta.

 

Les pedimos su cooperación para enviar llamamientos y extrañamientos a las autoridades correspondientes, así como enviar una copia al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

Lic. Rodolfo Acosta Muñoz

Magistrado  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

Del  Estado de Chihuahua 

Tel ( 52 614 ) 1 800 700

 

Lic. José Reyes Baeza

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

Palacio de Gobierno

Calle Aldama # 901 Col Centro C.P. 31000

Tel ( 52 614) 4 29 33 00 ext 11123

 

Enviar copia a: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, correo electrónico: acción@cedehm.org.mx  y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C., correo electrónico: red.mmj@hotmail.com 

El comunicado completo viene adjunto en formato pdf

 

30 Jul 2010

La Secretaría de Gobernación simula el cumplimiento de la Sentencia de “Campo Algodonero”

Difusión Cencos México D.F., 30 de julio de 2010

Boletín de prensa. ANAD / Cedimac / Red Ciudadana de NO Violencia y Dignidad Humana

El día 28 de julio del presente año, la Segob publicó un comunicado de prensa titulado “SEGOB da cumplimiento a las resoluciones de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Al respecto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Familia y la Red Ciudadana por la No Violencia y la Dignidad Humana, organización que representa a las víctimas, informa lo siguiente:

1. La información proporcionada por la SEGOB pone de manifiesto la política de simulación en el cumplimiento de la sentencia de “Campo Algodonero”.  Informa en su comunicado una serie de reuniones que ha celebrado, en las cuales no se han dado respuesta a dos de los resolutivos de cumplimiento inmediato y de prioridad primaria:

- La investigación y sanción del secuestro, tortura y asesinato de las jóvenes Esmeralda Herrera, Laura Berenice Ramos y Claudia Ivette González; la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas contra las familiares de las víctimas; y la investigación y sanción a los servidores públicos que permitieron la impunidad en los casos.

- La prestación de  los servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos a las víctimas de manera integral en los términos señalados por la propia Sentencia.

 2. En cuanto a los resolutivos que da como cumplidos SEGOB:

 a) La página electrónica del Gobierno del Estado de Chihuahua con información sobre las niñas y mujeres desaparecidas y la publicación de la sentencia.

 Son resolutivos que no pueden darse por cumplidos, ya que la página electrónica elaborada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua no cumple con los lineamientos  establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que no incluye la lista de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 a la fecha, desconociendo los criterios bajo los cuáles se incorporaron los nombres y las fichas que se presentan en dicho portal, además de que no establece un mecanismo de denuncia para aportar información sobre las víctimas tal y como lo exige la Sentencia.

 En cuanto a la publicación íntegra de la sentencia, ésta se encuentra efectivamente publicada en los portales electrónicos del Gobierno Federal, pero continua sin aparecer en las páginas electrónicas del gobierno de Chihuahua, reflejando un claro desinterés por reconocer su responsabilidad internacional y publicitar la resolución del máximo tribunal internacional.

 b)  Sobre la indemnización económica que argumentan estar gestionando:

 La propia Secretaría de Gobernación ha reconocido ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que el gobierno federal no es responsable de los feminicidios de Ciudad Juárez y por lo tanto no tienen la obligación de pagar. Por lo que ha impedido que se entregue el monto de la indemnización hacia las familias de las víctimas a pesar de que el Gobierno del Estado de Chihuahua ha manifestado su disposición para cumplir específicamente con este resolutivo.

El boletín de prensa emitido por la SEGOB pretende confundir a la opinión pública y justificar un trabajo, que en los  hechos es parcial y deficiente.

En la ciudad de México:

ANAD. Karla Micheel Salas Ramírez Cel. 5534551117

David Peña Rodríguez  Cel. 553455111

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

 

17 Dic 2010

Información sobre la Manifestación para exigir justicia ante el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz. (17Dic2010)

 

El pasado viernes 17 de diciembre, se realizaron manifestaciones en diversas ciudades del país para denunciar el terrible asesinato de Marisela Escobedo, luchadora incansable en contra del feminicidio, ocurrido el pasado 16 de diciembre, mientras exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol. En la Ciudad de México se realizaron manifestaciones frente a la Secretaría de Gobernación y frente a la representación del estado de Chihuahua en la capital del País.

La manifestación, convocada a las 17:00 frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), inició con el bloqueo por parte del gobierno federal para que las manifestantes pudieran reunirse. Con todo el perímetro rodeado de vallas y más de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), se impidió el acceso al lugar a partir de las 17:30.  

El informe de los sucedido en la Manifestación se encuentra en el vínculo:

 

17 Dic 2010

Pronunciamiento Marisela Escobedo Ortiz

 

Con profunda indignación y tristeza les comunicamos del cobarde asesinato de nuestra compañera Marisela Escobedo Ortiz.

Marisela fue una defensora de derechos humanos que lucho incansablemente en contra del feminicidio en Ciudad Juárez y enfrentó la violencia que cobró la vida de su hija y de cientos de mujeres en Chihuahua. Fue víctima de la impunidad y el desprecio de las autoridades mexicanas que han incumplido sistemáticamente todas sus obligaciones sobre derechos humanos de las mujeres.

En anexo se envía un pronunciamiento que hacemos desde diversas organizaciones y personas, de Ciudad Juárez, México y la región mesoamericana. Las y los invitamos a sumarse, a difundir la información y dar seguimiento de las acciones que se realicen.

Si quieres adherirlo envía tu nombre a la forma de contacto de esta página o al correo campoalgodonero(arroba)gmail.com

 

6 Dic 2010

El discurso íntegro del director de El Diario ante periodistas de la Cumbre de Editores Fronterizos

Los medios de comunicación en Chihuahua son cómplices de la discriminación y violencia contra las mujeres. Aún después de dictada la Sentencia de Campo Algodonero donde se establece el contexto de riesgo que se ha generado para las mujeres y como esto viola los derechos humanos, siguen minimizando los asesinatos de mujeres y desinformando al respecto, tachando de leyenda negra los hechos documentados, denunciados y condenados.

"[...] En ese marco, también, es en el que aflora la leyenda negra sobre las muertas de Juárez, un mito que sólo los que hemos estado al tanto de lo que sucede en esta ciudad, conocemos cómo lo fue creando la cauda de inexactitudes y exageraciones que se tejieron en torno a cerca de 300 asesinatos de mujeres registrados en un periodo de diez años. Una cifra no deseada por nadie pero que en realidad es baja si se le compara con las documentadas durante la misma etapa en otras ciudades del país, según su número de habitantes, y que nada tiene que ver con el invento de millares de crímenes y desapariciones anuales con que inflaron esta falsedad que tanta suciedad arrojó sobre nuestra comunidad. [...]

[...]Y mientras la atención del mundo se desviaba sobre esta gran mentira, desmentida luego por una seria auditoría realizada por periodistas y ex periodistas de El Diario con cifras aceptadas ya por los medios profesionales y los gobiernos en el mundo, nuestro medio gritaba y denunciaba lo que en realidad sucedía. Aunque gran parte de esta información investigada se perdía entre el eco desaforado ocasionado por la leyenda negra.[...]

14 Jun 2010

ACCIÓN URGENTE: Hombres Armados Violan la Secresía del Único Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema de Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

El 9 de junio del año en curso 14 hombres,  seis de ellos con armas de alto poder llegaron a las instalaciones secretas de SIN VIOLENCIA A. C. Refugio para mujeres en situación de riesgo por violencia extrema, al mando del grupo de hombres armados, se encontraba el funcionario del poder judicial de nombre Román García oficial notificador, quien se negó a identificarse y mostrando la copia de un oficio signado por el Juez Primero de lo familiar del Distrito Judicial Bravos Lic. Guadalupe Manuel de Santiago Aguayo, en el cual dicho funcionario autorizaba el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras en una diligencia del ramo familiar,  consistente en la  entrega de forma  inmediata de la menor Lesly Itzel Muñoz González.

 

El oficio mostrado, no señala domicilio para realizar dicha diligencia judicial, ni se encuentra dirigida a la asociación civil, por lo que el personal reiteró la oposición a que violentaran la entrada al recinto, al no encontrar colmados los requisitos legales para que se llevara a cabo la diligencia, solicitando al funcionario judicial, la presentación de una orden de cateo, la cual no llevaba. 

 

A pesar de ello, bajo amenaza de utilizar armas de fuego para ingresar al refugio, los hombres armados entraron al refugio de forma violenta.

 

Les pedimos su cooperación para enviar llamamientos y extrañamientos a las autoridades correspondientes, así como enviar una copia al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

Lic. Rodolfo Acosta Muñoz

Magistrado  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

Del  Estado de Chihuahua 

Tel ( 52 614 ) 1 800 700

 

Lic. José Reyes Baeza

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

Palacio de Gobierno

Calle Aldama # 901 Col Centro C.P. 31000

Tel ( 52 614) 4 29 33 00 ext 11123

 

Enviar copia a: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, correo electrónico: acción@cedehm.org.mx  y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C., correo electrónico: red.mmj@hotmail.com 

El comunicado completo viene adjunto en formato pdf

 

Declaración 4. México culpable de discriminación contra las vícitmas y sus familiares

Texto original: 

“El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de dicho tratado, en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González; así como en relación con el acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la mencionada Convención, en perjuicio de Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, en los términos de los párrafos 390 a 402 de la presente Sentencia.”

Texto de análisis: 

El Estado fue ambivalente en su reconocimiento de responsabilidad sobre el deber de no discriminación. Señaló que en las investigaciones no existían elementos de discriminación y que había dispuesto las medidas para que ésta no se diera. Sin embargo, en sus pruebas presentó informes en los que reconoce que una de las razones por las cuales los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez no habían sido percibidos como un problema importante y para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades, era la cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de su inferioridad.

La Corte comprobó que en este caso, algunas autoridades actuaron bajo estereotipos de género reflejando criterios de subordinación de la mujer –por ejemplo, las autoridades mencionaron que las víctimas eran “voladas” (es decir, “coquetas” o “con poca moral”). Para la Corte, el hecho de que en las políticas y prácticas - particularmente en el razonamiento y el lenguaje- de las autoridades de la policía judicial se reflejen, implícita o explícitamente, estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, son condiciones agravadas de discriminación.

Esta discriminación, sumada a la inacción estatal en el comienzo de las investigaciones, llevó a la Corte a concluir que esta indiferencia tiene consecuencias respecto a la impunidad del caso, y con ello, reproduce la violencia que se pretende atacar, además de que constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la justicia. Afirmó que la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno; el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.

Por esta razón concluye que en Campo Algodonero la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación por sí misma. Además declara que México violó el deber de no discriminación en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal en perjuicio de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette; así como en relación con el acceso a la justicia en perjuicio de los familiares de las víctimas.

Requerimientos: 

Este deber implica, por un lado, la obligación del Estado de abstenerse de incurrir en actos de discriminación, y por otro, el deber de adoptar todas las medidas adecuadas para que las personas vivan libres de toda discriminación.

En la sentencia se retoma la definición de la CEDAW que establece que la discriminación contra la mujer es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades de las mujeres.” Plantea que la discriminación basada en el sexo se ejerce fundamentalmente en contra de las mujeres, y la Convención Belém do Pará sustenta esta afirmación en el reconocimiento de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Discriminación contra las mujeres y violencia contra las mujeres se articulan estrechamente, de ahí que también la CEDAW y la Convención de Belém do Pará son fundamentales para la interpretación de este caso. Ésta última define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, y reconoce que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Por su parte, el Comité CEDAW ha declarado que la definición de la discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer: 1) porque es mujer, ó 2) que la afecta en forma desproporcionada. También ha señalado que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.

Con el fin de analizar el cumplimiento del deber de no discriminar, la Corte define el estereotipo de género como una “preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente.” Con base en ella, la Corte afirma que la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer.

Eventos
17 Dic 2010

Pronunciamiento Marisela Escobedo Ortiz

 

Con profunda indignación y tristeza les comunicamos del cobarde asesinato de nuestra compañera Marisela Escobedo Ortiz.

Marisela fue una defensora de derechos humanos que lucho incansablemente en contra del feminicidio en Ciudad Juárez y enfrentó la violencia que cobró la vida de su hija y de cientos de mujeres en Chihuahua. Fue víctima de la impunidad y el desprecio de las autoridades mexicanas que han incumplido sistemáticamente todas sus obligaciones sobre derechos humanos de las mujeres.

En anexo se envía un pronunciamiento que hacemos desde diversas organizaciones y personas, de Ciudad Juárez, México y la región mesoamericana. Las y los invitamos a sumarse, a difundir la información y dar seguimiento de las acciones que se realicen.

Si quieres adherirlo envía tu nombre a la forma de contacto de esta página o al correo campoalgodonero(arroba)gmail.com

 

17 Dic 2010

Información sobre la Manifestación para exigir justicia ante el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz. (17Dic2010)

 

El pasado viernes 17 de diciembre, se realizaron manifestaciones en diversas ciudades del país para denunciar el terrible asesinato de Marisela Escobedo, luchadora incansable en contra del feminicidio, ocurrido el pasado 16 de diciembre, mientras exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol. En la Ciudad de México se realizaron manifestaciones frente a la Secretaría de Gobernación y frente a la representación del estado de Chihuahua en la capital del País.

La manifestación, convocada a las 17:00 frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), inició con el bloqueo por parte del gobierno federal para que las manifestantes pudieran reunirse. Con todo el perímetro rodeado de vallas y más de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), se impidió el acceso al lugar a partir de las 17:30.  

El informe de los sucedido en la Manifestación se encuentra en el vínculo:

 

16 Dic 2010

El Calderonista un gobierno contra las Mujeres

 

MÉXICO, D.F., 16 de diciembre (apro).- En los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, las mujeres hemos padecido no sólo la persecución por aborto con acciones amañadas, también se han documentado más de mil 700 asesinatos de personas del sexo femenino, y no se ha dado cumplimiento a las leyes y normas de igualdad.

[…]

Si de balance de fin de año se tratara, cualquier persona se moriría de depresión y tristeza. ¿Quién puede rendirle cuentas a la mitad de la población? Hasta ahora el gobierno mexicano tiene sobre su cabeza la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de cara a las denuncias del llamado caso de Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por elementos del Ejército en Guerrero, así como las violaciones a sus derechos sobre los que ahora tendría que responder. Sentencias que tendrá que cumplir.

 

14 Jun 2010

ACCIÓN URGENTE: Hombres Armados Violan la Secresía del Único Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema de Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

El 9 de junio del año en curso 14 hombres,  seis de ellos con armas de alto poder llegaron a las instalaciones secretas de SIN VIOLENCIA A. C. Refugio para mujeres en situación de riesgo por violencia extrema, al mando del grupo de hombres armados, se encontraba el funcionario del poder judicial de nombre Román García oficial notificador, quien se negó a identificarse y mostrando la copia de un oficio signado por el Juez Primero de lo familiar del Distrito Judicial Bravos Lic. Guadalupe Manuel de Santiago Aguayo, en el cual dicho funcionario autorizaba el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras en una diligencia del ramo familiar,  consistente en la  entrega de forma  inmediata de la menor Lesly Itzel Muñoz González.

 

El oficio mostrado, no señala domicilio para realizar dicha diligencia judicial, ni se encuentra dirigida a la asociación civil, por lo que el personal reiteró la oposición a que violentaran la entrada al recinto, al no encontrar colmados los requisitos legales para que se llevara a cabo la diligencia, solicitando al funcionario judicial, la presentación de una orden de cateo, la cual no llevaba. 

 

A pesar de ello, bajo amenaza de utilizar armas de fuego para ingresar al refugio, los hombres armados entraron al refugio de forma violenta.

 

Les pedimos su cooperación para enviar llamamientos y extrañamientos a las autoridades correspondientes, así como enviar una copia al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

Lic. Rodolfo Acosta Muñoz

Magistrado  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

Del  Estado de Chihuahua 

Tel ( 52 614 ) 1 800 700

 

Lic. José Reyes Baeza

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

Palacio de Gobierno

Calle Aldama # 901 Col Centro C.P. 31000

Tel ( 52 614) 4 29 33 00 ext 11123

 

Enviar copia a: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, correo electrónico: acción@cedehm.org.mx  y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C., correo electrónico: red.mmj@hotmail.com 

El comunicado completo viene adjunto en formato pdf

 

30 Abr 2010

Chihuahua falla de forma discriminatoria e ineficaz en el caso del asesinato de la adolescente Rubí Marisol Frayre

El sistema penal-judicial inquisitorio instaurado en Chihuahua conmemora el día de la infancia con un fallo que deja en la impunidad el asesinato de Rubí Marisol Frayre de dieciséis años de edad. El 22 de abril del 2010 la mamá de Rubí, Marisela Escobedo comenzó una serie de caminatas en Ciudad Juárez exigiendo justicia para su hija. Tras desechar los peritajes presentados sobre violencia contra las mujeres, por considerarlos irrelevantes para el caso, el tribunal absolvió al presunto asesino confeso.La interpretación realizada por funcionarios/as públicos/as del estado de Chihuahua demuestra el grado de minimización que se da al asesinato de mujeres menores en el Estado de Chihuahua y abona a la impunidad. 

No hay eventos en esta clasificación.

17 Dic 2010

Pronunciamiento Marisela Escobedo Ortiz

 

Con profunda indignación y tristeza les comunicamos del cobarde asesinato de nuestra compañera Marisela Escobedo Ortiz.

Marisela fue una defensora de derechos humanos que lucho incansablemente en contra del feminicidio en Ciudad Juárez y enfrentó la violencia que cobró la vida de su hija y de cientos de mujeres en Chihuahua. Fue víctima de la impunidad y el desprecio de las autoridades mexicanas que han incumplido sistemáticamente todas sus obligaciones sobre derechos humanos de las mujeres.

En anexo se envía un pronunciamiento que hacemos desde diversas organizaciones y personas, de Ciudad Juárez, México y la región mesoamericana. Las y los invitamos a sumarse, a difundir la información y dar seguimiento de las acciones que se realicen.

Si quieres adherirlo envía tu nombre a la forma de contacto de esta página o al correo campoalgodonero(arroba)gmail.com

 

17 Dic 2010

Información sobre la Manifestación para exigir justicia ante el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz. (17Dic2010)

 

El pasado viernes 17 de diciembre, se realizaron manifestaciones en diversas ciudades del país para denunciar el terrible asesinato de Marisela Escobedo, luchadora incansable en contra del feminicidio, ocurrido el pasado 16 de diciembre, mientras exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol. En la Ciudad de México se realizaron manifestaciones frente a la Secretaría de Gobernación y frente a la representación del estado de Chihuahua en la capital del País.

La manifestación, convocada a las 17:00 frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), inició con el bloqueo por parte del gobierno federal para que las manifestantes pudieran reunirse. Con todo el perímetro rodeado de vallas y más de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), se impidió el acceso al lugar a partir de las 17:30.  

El informe de los sucedido en la Manifestación se encuentra en el vínculo:

 

16 Dic 2010

El Calderonista un gobierno contra las Mujeres

 

MÉXICO, D.F., 16 de diciembre (apro).- En los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, las mujeres hemos padecido no sólo la persecución por aborto con acciones amañadas, también se han documentado más de mil 700 asesinatos de personas del sexo femenino, y no se ha dado cumplimiento a las leyes y normas de igualdad.

[…]

Si de balance de fin de año se tratara, cualquier persona se moriría de depresión y tristeza. ¿Quién puede rendirle cuentas a la mitad de la población? Hasta ahora el gobierno mexicano tiene sobre su cabeza la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de cara a las denuncias del llamado caso de Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por elementos del Ejército en Guerrero, así como las violaciones a sus derechos sobre los que ahora tendría que responder. Sentencias que tendrá que cumplir.

 

14 Jun 2010

ACCIÓN URGENTE: Hombres Armados Violan la Secresía del Único Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema de Ciudad Juárez, Chihuahua.

 

El 9 de junio del año en curso 14 hombres,  seis de ellos con armas de alto poder llegaron a las instalaciones secretas de SIN VIOLENCIA A. C. Refugio para mujeres en situación de riesgo por violencia extrema, al mando del grupo de hombres armados, se encontraba el funcionario del poder judicial de nombre Román García oficial notificador, quien se negó a identificarse y mostrando la copia de un oficio signado por el Juez Primero de lo familiar del Distrito Judicial Bravos Lic. Guadalupe Manuel de Santiago Aguayo, en el cual dicho funcionario autorizaba el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras en una diligencia del ramo familiar,  consistente en la  entrega de forma  inmediata de la menor Lesly Itzel Muñoz González.

 

El oficio mostrado, no señala domicilio para realizar dicha diligencia judicial, ni se encuentra dirigida a la asociación civil, por lo que el personal reiteró la oposición a que violentaran la entrada al recinto, al no encontrar colmados los requisitos legales para que se llevara a cabo la diligencia, solicitando al funcionario judicial, la presentación de una orden de cateo, la cual no llevaba. 

 

A pesar de ello, bajo amenaza de utilizar armas de fuego para ingresar al refugio, los hombres armados entraron al refugio de forma violenta.

 

Les pedimos su cooperación para enviar llamamientos y extrañamientos a las autoridades correspondientes, así como enviar una copia al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

Lic. Rodolfo Acosta Muñoz

Magistrado  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

Del  Estado de Chihuahua 

Tel ( 52 614 ) 1 800 700

 

Lic. José Reyes Baeza

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

Palacio de Gobierno

Calle Aldama # 901 Col Centro C.P. 31000

Tel ( 52 614) 4 29 33 00 ext 11123

 

Enviar copia a: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, correo electrónico: acción@cedehm.org.mx  y a la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C., correo electrónico: red.mmj@hotmail.com 

El comunicado completo viene adjunto en formato pdf

 

30 Abr 2010

Chihuahua falla de forma discriminatoria e ineficaz en el caso del asesinato de la adolescente Rubí Marisol Frayre

El sistema penal-judicial inquisitorio instaurado en Chihuahua conmemora el día de la infancia con un fallo que deja en la impunidad el asesinato de Rubí Marisol Frayre de dieciséis años de edad. El 22 de abril del 2010 la mamá de Rubí, Marisela Escobedo comenzó una serie de caminatas en Ciudad Juárez exigiendo justicia para su hija. Tras desechar los peritajes presentados sobre violencia contra las mujeres, por considerarlos irrelevantes para el caso, el tribunal absolvió al presunto asesino confeso.La interpretación realizada por funcionarios/as públicos/as del estado de Chihuahua demuestra el grado de minimización que se da al asesinato de mujeres menores en el Estado de Chihuahua y abona a la impunidad. 

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